Históricamente, las personas con discapacidad han sido un grupo que se ha mantenido al margen de los procesos sociales, tanto por constituir una minoría pasiva, como por no ser escasamente considerada por la sociedad. Recientemente, durante la última década, se ha impulsado una serie de iniciativas, tanto a nivel mundial como nacional, destinadas a mejorar la calidad de vida de estas personas a través de la igualdad de oportunidades. En este marco, han surgido tratados, leyes y normativas que promuevan una mayor integración de las personas con discapacidad a la sociedad. Algunas de estas iniciativas se han enfocado hacia el tema de romper las actuales barreras arquitectónicas y urbanísticas con el fin de tener ciudades más integradoras.
En la actualidad, Pilar (1999), en nuestro país existe la ley 19.284 "de la Integración Social de las Personas con Discapacidad", la cual plantea ciertos requerimientos básicos que deben cumplir las nuevas edificaciones y construcciones de uso público. Por este motivo, los arquitectos y constructores se ven en la obligación de considerar una serie de aspectos o requerimientos mínimos en sus nuevos proyectos. Sin embargo, estas consideraciones no garantizan que las medidas adoptadas sean suficientes para garantizar la accesibilidad, ni menos la construcción de una ciudad pensada para todos, que no haga diferencias, por ejemplo, entre los accesos para las personas que poseen y no poseen dificultades en su movilidad; es decir, una ciudad construida en el marco del "Diseño Universal", que impida la discriminación.
Por esta razón, hoy nos enfrentamos al desafío de romper estas barreras de una manera que asegure no sólo los accesos a diferentes áreas o lugares, sino que estos accesos permitan, efectivamente, una integración justa e igualitaria.
Resolver este desafío implica un trabajo multisectorial, que permita abordar el problema desde diferentes perspectivas. Creemos que esta participación sería facilitada si todos o la mayoría de los sujetos de nuestra sociedad tuvieran conocimiento del tema de la discapacidad y se sintieran responsables de afrontarlo.
El hecho que nuestra escuela sea universal, como nos muestra el “Manual de limitaciones en la movilidad” de la Junta de Andalucía, para todos y todas, hace que el sistema educativo se enfrente al reto de conseguir que nuestros centros sean transitables y utilizables por toda la comunidad educativa, independientemente de sus características personales. Esto supone que todas las instalaciones del centro sean accesibles en el más amplio sentido de la palabra. No basta con que el centro acoja al alumnado con movilidad reducida y que su radio de acción sea una única aula en planta baja, este niño o niña, tiene derecho a participar en las actividades generales del centro, de su grupo de referencia, asistir al aula de música, tecnología, biblioteca, laboratorio, etc. se encuentren donde se encuentren ubicadas estas dependencias.
Desde esta perspectiva comprobaremos que quien tiene el problema no es el alumnado, sino el centro, la edificación, el entorno.
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